ILEGAL LA AMPLIACIÓN DEL PERIODO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA BUAP, DENUNCIA LA ASPIRANTE A LA RECTORÍA, GUADALUPE GRAJALES y PORRAS

  • La exsecretaria general de la máxima casa de estudios poblana exige revertir la “auto prorroga” del Consejo Universitario
  • El rector Alfonso Esparza le pidió la renuncia por motivos políticos

Redacción y fotos de: Marilú Flores

Con un llamado a los estudiantes y docentes tlaxcaltecas a que participen en la elección del próxima rectora o rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) la maestra Guadalupe Grajales y Porras, también aspirante a la rectoría denunció la ilegalidad de Consejo Universitario que se amplió su gestión.

En rueda de prensa a los medios del estado de Tlaxcala, la decana acusó las irregularidades dadas por una supuesta renovación del Consejo Universitario, rayando en lo ilegal, además de ilegitimo porque ya no representan a la comunidad universitaria.

Precisó que el relevo de dicho órgano colegiado se debió dar desde marzo pasado, sin embargo ni el rector ni los consejeros emitieron una convocatoria, como lo marca el artículo 43 del estatuto orgánico de la BUAP.

Consideró que esta es “una situación muy delicada porque deja en indefensión a los universitarios, ya que este consejo pues ya no es representativo, toda vez que venció su periodo y muchos de sus integrantes ya egresaron o se separaron de la institución”, por lo que exigió respeto a la normatividad interna de la BUAP.

Comentó que su renuncia a la secretaría general de la universidad hace unos días, fue una exigencia del Rector Alfonso Esparza, y aunque es su facultad de nombrar y remover al titular de dicho cargo, ahora es evidente que el motivo fue para que el consejo general pudiera “auto-prorrogarse”, ante lo cual que ella “nunca se prestaría”.

Asimismo, convocó a los estudiantes y académicos tlaxcaltecas que pertenece a la BUAP a poner atención a lo que está sucediendo al interior de la universidad, ya que con esta situación se genera incertidumbre en la que han sumido las dos máximas autoridades que son el Rector y el consejo General Universitario, incurriendo en la violación de los derechos universitarios, inclusive derechos humanos.

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